Así lo ha señalado este viernes el propio Catalá en unas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto.
La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una "privatización" encubierta.
El Ministerio intenta alcanzar un "consenso" que satisfaga a estos sectores críticos y se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se le haga en este sentido, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.