Según han informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado estima que en la presente causa aparecen perjudicadas una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, por lo que se dan las circunstancias hábiles, tanto por el daño causado como por el tipo penal, para que la Audiencia Nacional sea la competente.
"En el caso que nos ocupa resulta evidente de la documentación incorporada y del elevado número de denuncias formuladas cómo han resultado perjudicadas por una actuación inicialmente calificada como delito de estafa una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia", según señala el auto.
El administrador único de las clínicas dentales se encuentra en prisión provisional desde que fuera detenido el pasado 31 de enero tras cerrar, sin previo aviso, los establecimientos, dejando a centenares de pacientes con tratamientos a medias. En total hubo 2.481 ofendidos con un perjuicio económico estimativo de más de 8 millones de euros.
Los más de mil afectados, muchos de ellos madrileños, por el cierre de las clínicas dentales se organizaron con el objetivo de paralizar los préstamos e intentar denunciar al propietario de los establecimientos por un delito contra la salud.
Tras el repentino cierre de todas las clínicas, los pacientes escribieron una carta al Defensor del Pueblo en la que denunciaban que con el cierre sin aviso de estas clínicas dentales a la mayoría les habían dejado "con tratamientos a medio hacer con consecuencias graves para la salud".
"Estos señores han desaparecido de las clínicas de la noche a la mañana y nos han dejado a los pacientes con las bocas medio operadas. Queremos responsabilidades del dueño Cristóbal López Vivar, que ha desaparecido con nuestro dinero y lo que es peor perjudicando nuestra salud", señalaban en la misiva, con la que están recogiendo firmas en la plataforma change.org.