Los hechos sucedieron el 18 de noviembre de 2012. Tres de los acusados se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este robo, según la acusación pública, a la que ha tenido acceso Europa Press, teniendo como cómplice a uno de los vigilantes de seguridad, también procesado, que previamente había cambiado el turno para estar trabajando el día fijado.
Según el fiscal, esos tres acusados se presentaron a primeras horas de la tarde en la puerta de empleados del centro comercial como supuestos trabajadores para hacer obras, y lograron entrar gracias a la ayuda del vigilante. Se pusieron pasamontañas para no ser identificados y apuntaron con un arma al jefe de seguridad y al auxiliar, a los que ataron y colocaron cinta adhesiva en la boca.
Hicieron lo mismo, señala el ministerio público, con tres trabajadores que realizaban obras para un local. Los dos vigilantes y los empleados, que estaban atados y a los que pusieron una capucha de tela en la cabeza, permanecieron retenidos en una sala hasta las 19.30 horas. Asimismo, los procesados cogieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y todo tipo de llaves de la zona de joyería.
El fiscal señala que se apoderaron de joyas y relojes de gran valor. Así, el valor de lo sustraído y recuperado asciende a 2,3 millones de euros; mientras que lo no recuperados supone 2,4 millones de euros. Tras esto, los tres acusados dejaron maniatados a las cinco personas y abandonaron el lugar, quedándose el vigilante acusado en el centro, "aparentando haber sido víctima de estos hechos".
Asimismo, la Fiscalía señala que los procesados contactaron con tres personas, a las que también acusa, a los que ofrecieron las joyas y relojes. Se indica que uno de ellos adquirió varios objetos procedentes del botín y a dos mujeres se les intervino en los registros de las viviendas en las que residían --una de ellas junto a un acusado-- algunas piezas, conociendo que eran del atraco.
Por estos hechos, el ministerio público acusa a cuatro procesados de un delito de robo con violencia y de cinco de detención ilegal; mientras que a tres de ellos se les achaca, además, un delito más de robo por un coche sustraído. Las penas solicitadas oscilan entre los 41 y los 34 años de prisión. También acusa a tres personas por receptación, solicitando entre dos y un año y medio de cárcel.
En su momento, el fiscal no acusó a Montes Neiro, que fue detenido e imputado en el transcurso de la investigación policial y judicial; aunque sí lo acusan una empresa de joyería y dos aseguradoras, personadas como acusación particular, que solicitan un año o un año y cuatro meses por un delito de receptación, al situar su participación en el momento de ofrecer el botín.