Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados concedieron en este periodo varias licencias urbanísticas, "a sabiendas de la ilegalidad" ya que eran contrarias a la normativa urbanística municipal.
En concreto, en el documento se menciona la licencia concedida para construir 10 viviendas de un complejo de turismo rural, que se aprobó por unanimidad en octubre del año 2003 y cuando, además, había informes técnicos, del arquitecto técnico y del secretario, contrarios a esta decisión.
El reparo de los técnicos obedecía a que el suelo en el que estaba proyectado el complejo estaba calificado como "no urbanizable" y, además, formaba parte de una zona de protección de aves en la Sierra del Segura, donde se enclava el municipio.
El escrito de la Fiscalía habla también de la actuación presuntamente irregular en licencias de otros proyectos como una vivienda unifamiliar y un local, que también aprobaron, a pesar de "ser conscientes" de que no cumplían la normativa urbanística.