En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Iglesias ha avanzado que los socialistas no tienen intención de cambiar su postura y prevén mantener su oposición a la ley. "Antes de Bárcenas estábamos dispuestos al acuerdo, pero el PP tiene problemas", ha defendido el portavoz socialista en el Senado.
El debate de las 269 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios tendrá lugar en la Comisión Constitucional. En concreto, se trata de 32 enmiendas del PP, 34 del PSOE, 95 de Entesa, 38 de CiU, 8 del PNV y 62 del Grupo Mixto. Además, se han presentado cuatro vetos a la ley, pidiendo su devolución al Gobierno: de ICV, IU, Amaiur y ERC.
Pese a los cambios que ya recibió el proyecto en el Congreso, esta ley sigue suscitando las críticas de buena parte de los colectivos profesionales y grupos sociales dedicados a esta materia, que creen que se queda corta y no situará a España a la cabeza en transparencia.
El Gobierno envió el proyecto al Congreso en septiembre de 2012 y la Cámara Baja aprobó la iniciativa un año después, en septiembre, con los votos de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo. Nueva Canarias y Geroa Bai se abstuvieron en la mayor parte del dictamen.
Cambios en el Consejo de transparencia
Entre las enmiendas presentadas en el Senado hay un grupo de ellas que coinciden en reclamar cambios en el Consejo de la Transparencia, para hacerlo más independiente y con más capacidad de maniobra y sobre las que podría darse algún acuerdo.
Este Consejo, encargado de velar por el cumplimiento de la ley, estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y formado por un presidente elegido por el Congreso así como por un diputado, un senador y un representante, respectivamente, del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Los socialistas reclaman además que se refuerce la publicidad activa, la obligación de hacer pública la información sin esperar a que nadie la solicite, como los contratos o las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades. También las enajenaciones, en pleno proceso además de venta de inmuebles del Estado por parte del Gobierno.
El PSOE quiere también que entre las exigencias del buen gobierno se incluya la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas, y que cuando los ciudadanos recurran a la vía contencioso-administrativa por incumplimiento de esta ley, los plazos se acorten y sean similares a los que corren en los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales.
También la Entesa, por su parte, ha presentado un grupo de enmiendas para extender el alcance de la publicidad activa y para que se puedan conocer también las comunicaciones y documentos internos entre órganos o entidades administrativas, porque "pueden tener carácter relevante en el proceso de toma de decisiones que afecten a la ciudadanía" y por tanto "no deberían ser excluidos de las solicitudes de acceso a la información pública". Quiere igualmente que se regulen los grupos de interés o 'lobbys'.
Los dos grupos coinciden en el Senado también en reclamar que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales cuando utilicen los cauces por los que reclamar la información pública que prevé la norma.
CiU y PNV
CiU, y entre otras cosas, quiere con sus enmiendas que la Ley de Transparencia obligue al Gobierno a publicar anualmente la diferencia entre la inversión presupuestada por el Estado en cada comunidad autónoma y la efectivamente realizada, según consta en una de las 37 enmiendas presentadas por el grupo parlamentario catalán en el Senado.
En cuanto al PNV, propone cambiar el artículo que limita el derecho de acceso a la información pública. Una de las propuestas de la ley, según la aprobó el Congreso, es que quepa impedir este acceso cuando la información divulgada pueda perjudicar la política económica y monetaria, una salvedad que el PNV cree que se debe eliminar.
El PP ha presentado 32 enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Transparencia. Con una de ellas, aprovecha para cambiar la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para reforzar la identificación de clientes y el seguimiento de las operaciones según el riesgo que tengan de incurrir en esos delitos.