La denuncia, presentada contra el asesor de la presidencia del Gobierno, Pedro Arriola, el representante socialista José Enrique Serrano y el responsable del Pacte Nacional per Dret a Decidir, Joan Rigol, asegura que los tres actuaron como "cómplices y colaboradores necesarios en un delito de desobediencia y de fraude de ley".
"Como consecuencia de esas negociaciones, se organiza la consulta el 9N, sobre la base de que la sociedad civil catalana por su 'derecho a la libertad de expresión', pueda celebrarlo, y el Govern catalán únicamente la vigila o controla", dice la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La denuncia pone de manifiesto que ni los Mossos d'Esquadra ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil intervinieron para "abortar la votación" y tampoco lo hizo la Fiscalía "pese a que Manos Limpias había solicitado del Fiscal General del Estado se diera las órdenes oportunas para que retiraran las urnas ubicadas en los institutos".
Manos Limpias recuerda que la consulta del 9N "estaba prohibida en su totalidad, y se adultera mediante el pacto o acuerdo de los denunciados, para que pudiera celebrarse sobre la base de aparente legalidad y sin contravenir las resoluciones del Tribunal Constitucional".