En un comunicado, su departamento ha explicado que el ministro se ha interesado por algunos de los principales proyectos que piensa poner en marcha el nuevo presidente de la Asamblea durante su mandato, en concreto la interacción con los parlamentos nacionales, la protección de la democracia y el fortalecimiento de la seguridad en Europa.
García-Margallo ha recordado el pleno compromiso de España con los valores y principios que inspiran y presiden el Consejo de Europa, como son la defensa de los derechos humanos, la democracia y la primacía el Estado de derecho.
También ha transmitido al presidente de la Asamblea Parlamentaria el apoyo decidido de nuestro país a los importantes retos que afronta en la actualidad el Consejo de Europa en la lucha contra el terrorismo, la crisis migratoria, la xenofobia y el crimen organizado.
En materia de promoción y protección de derechos humanos, el ministro ha remarcado la voluntad de nuestro país en proseguir los esfuerzos para velar por la protección de los derechos humanos a todos los niveles, en particular en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. España es actualmente uno de los países europeos con menos casos por habitante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, máxima instancia jurisdiccional en la materia.
En relación con la lucha contra el terrorismo, el Consejo de Europa adoptó en 2015 un Plan de acción contra la radicalización y un Protocolo adicional al Convenio de Prevención del Terrorismo, sobre los combatientes extranjeros.
El ministro, añade la nota, ha recordado el papel activo de España en las diversas iniciativas multilaterales en la lucha contra el terrorismo, haciendo especial hincapié en la preservación de la memoria y la protección de los derechos de las víctimas.
Nuestro país ha introducido, por primera vez en el ámbito del Consejo de Europa, la necesidad de incorporar el papel de las víctimas en los planes del Consejo. Asimismo José Manuel García-Margallo ha incidido en que la lucha contra el terror exige un escrupuloso respeto del Estado de Derecho, además de mayor cooperación policial y judicial, e intercambio de información y combate de los medios de financiación, tal y como ha demostrado la experiencia española.*