Después de la constitución de las Cortes este miércoles, Podemos, PSOE y Ciudadanos se apresuraron a registrar sus primeras iniciativas parlamentarias, que incluyen proposiciones de ley, proposiciones no de ley y propuestas de reforma del Reglamento de la Cámara.
Para aclarar el futuro de estas iniciativas y la posibilidad de debatirlas o no, la Mesa del Congreso, en su primera reunión, ha decidido que los servicios jurídicos analicen el asunto e informen al respecto.
"Lo que está muy claro es que no se va a hacer nada que jurídicamente no esté impecable", ha garantizado la vicepresidenta segunda de la Cámara, Micaela Navarro, que cree que los grupos parlamentarios deben contar "con todas las garantías" para presentar sus iniciativas.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya anunció este jueves que su partido pediría este informe jurídico para conocer los límites, "si es que los hay", para que los grupos presenten iniciativas parlamentarias y para tramitarlas antes de que se forme el nuevo Gobierno.
"Que diga a los grupos qué presentar o qué no presentar y qué se puede llevar a cabo con un Gobierno en funciones --argumentó--. Tenemos una situación interina en la que hay muchas cuestiones que tienen consecuencias sobre los Presupuestos o que pueden afectar al Gobierno en funciones".
Por parte de Podemos, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, ha defendido que el trabajo parlamentario debe comenzar "mucho antes" de la proclamación del Gobierno y quiere incluso que se constituyan las comisiones para desarrollar un trabajo "efectivo".
NO HAY PRECEDENTES
Según distintas fuentes consultadas por Europa Press, una vez constituidas las Cortes, los grupos parlamentarios pueden plantear proposiciones aunque no esté elegido el presidente del Gobierno ni constituido el nuevo Ejecutivo. No obstante, su tramitación y aprobación plantea dudas entre los juristas dado que no hay precedentes.
En teoría, los grupos no estarían facultados para ejercer su labor de control a un Gobierno en funciones (no habrá por tanto sesiones con preguntas ni se debatirán mociones o proposiciones no de ley), pero sí pueden presentar proposiciones de ley; se trata de iniciativas con las que se pueden plantear normas, reformar las que están en vigor o incluso derogarlas, bien para volver a una ley anterior, bien para aprobar un texto nuevo.
Si esto ocurre, si alguien toma la iniciativa, se planteará una primera duda jurídica, según las mismas fuentes. El Gobierno tiene capacidad para impedir la tramitación de una proposición de ley en el Congreso y tiene 30 días para expresar su criterio en contra (aunque el único motivo es que se aumente el gasto o se disminuyan los ingresos públicos).
GOBIERNO CON CAPACIDAD LIMITADA
Sin embargo, un Gobierno en funciones tiene esta capacidad limitada, no puede informar sobre una ley, y se duda por tanto de si la propuesta podría seguir adelante: el hecho de que el Ejecutivo no pueda dar su opinión ni a favor ni en contra, ¿detiene la tramitación?
Fuentes parlamentarias señalan que la nueva Mesa debería en ese caso intervenir, consultar probablemente a sus servicios jurídicos y tomar una decisión. Si se acepta que la proposición siga adelante, la toma en consideración tendrá que ser aprobada de entrada por un Pleno y pasar después a una comisión.