En tanto, Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militarizada) acordonaron en la madrugada del domingo este antiguo yacimiento de carbón, conocido como "El Chiflón del Diablo", ubicado en las cercanías de Lota, 545 kilómetros al sur de la capital.
Ante la posibilidad de que sean desalojadas, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló hoy a los periodistas que el Gobierno va a tomar esa decisión "teniendo en consideración la protección de la vida de estas mujeres, que es lo más importante".
Con la incorporación de esas dos trabajadoras volverán a ser 33 las mujeres encerradas en el yacimiento, que ahora forma parte de un circuito turístico, después de que dos de ellas se vieran obligadas, este viernes y sábado, a abandonar la protesta por problemas de salud.
Las trabajadoras decidieron encerrarse para reclamar al Gobierno que les preste la misma atención que a los 33 mineros rescatados tras permanecer 70 días atrapados a 700 metros de profundidad en la norteña región de Atacama.
La movilización comenzó el pasado martes, y un día después se declararon en huelga de hambre líquida.
Ayer, las trabajadoras anunciaron su intención de dejar de ingerir no solo alimentos sólidos, sino también líquidos, pero las autoridades locales consiguieron persuadirles y evitaron que las mujeres endurecieran su postura.
Además, las portavoces del movimiento informaron que otras tres trabajadoras tenían previsto comenzar a partir del mediodía de este domingo (15.00 GMT) una huelga de hambre en el exterior del yacimiento en solidaridad con sus 33 compañeras.
"El Gobierno está preocupado y estamos generando otros mecanismos y viendo otras alternativas (...) Siempre hemos sostenido que las medidas de presión, las huelgas de hambre que ponen en riesgo la vida, no son la forma de entenderse con nuestro Gobierno", dijo hoy Hinzpeter.
Las mujeres se beneficiaban de un programa que administra el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército y que forma parte del plan de empleos de emergencia implementado por el Gobierno tras el terremoto de febrero.
El programa concluyó el 4 de noviembre en las regiones sureñas del Maule y Biobío y dejó a 8.000 personas desempleadas.
Los medios locales aseguran que en el exterior del yacimiento la situación es tensa y que ha habido roces entre la prensa y las trabajadoras, que limitaron el acceso de los periodistas a las profundidades de la mina.
A pesar de la presencia policial, el alcalde de Lota, Jorge Venegas, aseguró que las mujeres no serán desalojadas este domingo.
Venegas confirmó además que no ha habido aún ningún acercamiento entre el Gobierno y las huelguistas, y señaló que la solución podría pasar por la mediación del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, que esta semana fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal.
"Tengo entendido que ellas han mandatado a la intendenta (de la región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe) para que esto pueda concretarse, pero la intendenta no ha dado señales", dijo hoy Venegas en declaraciones a Radio Cooperativa.
"Estamos en espera de que se restablezca un diálogo y vamos a pedir a monseñor Ezzati que pueda ser mediador ante el Gobierno", afirmó.
Ezzati jugó un activo papel en la resolución de la huelga de hambre que protagonizaron una treintena de presos mapuches, algunos durante más de dos meses, para exigir que no se les aplicara la ley antiterrorista ni ser sometidos a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares.
En tanto, dos concejales de Lota, Víctor Tiznado y Angélica Huerta, anunciaron hoy que evalúan la posibilidad de sumarse a la huelga de hambre en apoyo a las 33 mujeres.