Así lo ha explicado el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, en su comparecencia en el Congreso para explicar los Presupuestos de este departamento para el año 2015.
El Gobierno aprobó el pasado 1 de agosto la puesta en marcha de esta Oficina, encargada de garantizar que se cumplen y se garantizan los principios y los derechos promovidos por la Ley de Transparencia en la Administración General del Estado. Esta norma entra en vigor en diciembre.
Pérez Renovales ha explicado que el equipo inicial de la oficina es de ocho personas y que el coste de funcionamiento se sufraga gracias a un millón de euros de ahorro en gasto corriente. "Nos permite sufragar nuevas unidades, como esta", ha explicado el subsecretario.
El portavoz socialista, Manuel De la Rocha, ha respaldado la Ley de Transparencia y ha subrayado que por su utilidad pública, "merece la pena gastar dinero" en su desarrollo. Sin embargo, ha criticado que no es fácil encontrar fondos para ello en los Presupuestos Generales de 2015. "Ustedes están particularmente satisfechos y citan mucho la ley, pero más dificultad hay para ver qué partidas hay para aplicarla", ha dicho.
EL PORTAL Y EL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA
Según explicó el Gobierno este verano, tras la creación de la Oficina de la Transparencia llegará en noviembre el Portal de Transparencia. Para su creación, dedicará los dos próximos meses a volcar los datos de los distintos estamentos de la Administración que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno exige hacer públicos a partir del 10 de diciembre.
La Oficina de Transparencia es la que debe coordinar este periodo de pruebas para la puesta a punto del Portal. La intención del Ejecutivo es que pueda estar abierto al público con "la mayor brevedad posible".
El Gobierno también va a remitir al Consejo de Estado el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones de la ley. La independencia estará garantizada por el respaldo parlamentario exigido para el nombramiento de su presidente.
Del mismo modo, se trabaja en la elaboración del Reglamento de desarrollo de la ley, que concretará aspectos relativos a la información pública, como la publicidad activa referida a las consultas de los ciudadanos.
LA LEY, EN DICIEMBRE
La Ley de Transparencia entrará en vigor el próximo 10 de diciembre y supondrá ampliar el derecho de acceso a la información pública, articulando una capacidad de consulta a demanda del ciudadano y la obligatoriedad de publicidad activa de las Administraciones Públicas.
También se incluye la definición con rango legal de los principios de buen gobierno y su sanción en caso de incumplimiento. Del mismo modo, incorpora también el refuerzo del control sobre actividades económicas de "Personas de Especial Relevancia Política" (PEP).