A primera hora de este martes la Guardia Civil irrumpía simultáneamente en varios pisos, oficinas y garajes de Madrid, Barcelona, Segovia y 5 provincias andaluzas. En su propia casa esposaban a Enrique Rodríguez Contreras, que después era conducido hasta la Diputación de Sevilla, donde ejercía -hasta esta mañana que era cesado temporalmente- como Director de Empleo. Fue además dirigente del instituto que coordinaba los pagos de los ERES y según la jueza Alaya, persona de confianza del exconsejero José Antonio Viera, imputado en el caso. Los sindicatos también han sido golpeados en esta segunda fase de la operación Heracles: hay un detenido de la UGT de Cádiz, Salvador Mera, y otro que perteneció a CCOO, Roberto Carmona. Se investiga si habrían favorecido la tramitación y concesión de subvenciones. El tercer objetivo de la guardia civil han sido los empresarios, especialmente el tándem formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, que según la jueza podrían haber llegado a obtener 32 millones de euros en ayudas públicas. Todo para su enriquecimiento personal y a través de una red de empresas, en su mayoría, sin actividad comercial ni trabajadores.