Los grupos de la oposición han comparado este miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con un "conductor kamikaze" que va en contra de todos en sus reformas legislativas y han sospechado que busca "privatizar" la justicia gratuita, intentando que los abogados no se apunten al turno de oficio para terminar encomendándosela a "grandes" bufetes.
El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV y ERC han presentado en el Pleno del Congreso sus enmiendas a la totalidad al proyecto que reforma la ley de Justicia Gratuita, al entender que supone un "nuevo ataque" a los derechos de los ciudadanos, "nace muerto" con una financiación insuficiente y vulnera competencias autonómicas.
Desde el principal grupo de la oposición, el socialista Gabriel Echávarri, ha considerado la reforma "más restrictiva, compleja y burocrática" y ha recalcado que convierte, junto al 'tasazo', a la Justicia en "un artículo de lujo".
En este sentido, ha criticado que Gallardón "vendiera" las tasas como la vía para financiar la justicia gratuita y, sin embargo, solo haya destinado 34 millones a esta partida cuando ha recaudado 316 millones en concepto de tasas. "Todo era mentira. Era para hacer caja, ¿dónde ha ido a parar el resto del dinero?", ha remachado.
Para Echávarri, todo se trata de "un truco" para desincentivar a los letrados del turno de oficio y allanar el camino para "privatizar" la justicia gratuita y dársela a "algún megadespacho". "Es un atentado flagrante a los derechos de los ciudadanos y la puerta de atrás abierta a los grandes despachos", ha remachado.
"¿Usted cree que alguien que cobra 1.100 euros y no va a tener derecho a la justicia gratutia, se puede gastar 800 euros en pagar una tasa en apelación?", ha preguntado al ministro, mostrando su malestar por los bajos umbrales establecidos para acceder a este servicio.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LAS TASAS?
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha denunciado la existencia de una justicia "de clase business para el poder económico, los aforados y algunos indultados" y otra justicia "de pago sujeta a tasa" para el resto.
"Las tasas se han convertido en una barrera infranqueable para acceder a la justicia y el desplome en algunas jurisdicciones es equivalente el año 2007", ha advertido Llamazares, que ha exhortado al Ministerio de Justicia a abandonar la "deriva" en la que está inmerso y por la cual es un "departamento mediático y piedra de escándalo".
Para el parlamentario del PNV, Emilio Olabarria, el proyecto de ley es "una huida hacia delante" de Gallardón contra todos los sectores afectados y un texto "fallido" que tiene en su contenido "el germen de su propia destrucción" al no garantizar la financiación de la justicia gratuita y frustar así las expectativas de sus beneficiarios. "Está fallando en todo. Peor no se pueden hacer las cosas", ha remachado.
CiU, por boca del diputado Jordi Jané, ha censurado que el redactado "vulnera" las competencias que el Estatut atribuye a Cataluña, mientras que ha criticado el aumento de la burocratización y la obligación de que los abogados del turno de oficio se desplacen en tres horas a cualquier punto de España.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha alertado de la "desigualdad territorial" que creará el proyecto de ley, el cual se suma a la "caldera de insatisfacción social de la ciudadanía con la democracia".
Desde ERC, Jan Tardá considera que Gallardón ve al ciudadano como "enfermo de una patología abusiva y perversa de utilización del sistema judicial" y califica de "injusto" que una persona no tenga justicia gratuita por sobrepasar por poco el límite del umbral de acceso, pero sí lo tenga en caso de ser víctima del terrorismo aunque disponga de "20 veces más de ingresos".
El diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, ha reprobado también la "sospecha" con la que el Gobierno mira al ciudadano que hace uso de los servicios públicos. El proyecto de ley establece una presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que en un año se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal, y determina que desde ese momento se comprobará si la petición está justificada.