La PAH ha presentado este escrito a los jueces decanos de toda España, también en Navarra, un texto en el que pide que se convoque la Junta de Jueces para "abordar la adecuada aplicación de la doctrina del Tribunal europeo, de modo que determinen si resulta conveniente plantear una cuestión prejudicial al propio Tribunal para resolver las carencias que las normas españolas presentan en materia de protección frente a las cláusulas abusivas y el desequilibrio de los contratos bancarios".
En este sentido, la plataforma reclama que se valore, en el seno de la Junta de Jueces, "la sentencia Simmental de 9 de marzo de 1978, que establece el principio de aplicación directa de las normas europeas y exige que no se apliquen aquellas normas nacionales que vulneran el derecho europeo"; así como "la reciente sentencia de Monika Kusionava en la que se define la protección que debe darse a la vivienda habitual en los procedimientos de ejecución y desahucio".
En el escrito, han explicado los representantes de la PAH en un rueda de prensa, la plataforma también pide que "se revisen las consecuencias que se derivan de la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos" y que "se suspendan todas las ejecuciones con el fin de evitar perjuicios de muy difícil o imposible reparación, tal y como señala la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Los miembros de la PAH han lamentado la "incertidumbre que vuelve a cernirse en los procedimientos de ejecución, por la insuficiente y parcial regulación que se ofrece desde el Gobierno central". "Prueba de ello es que 10 juzgados y Audiencias Provinciales de diversos puntos de España han planteado cuestiones de prejudicialidad", han destacado.
Según han expuesto, "ante una cuestión prejudicial que podía afectar al marco normativo español, resultaba conveniente suspender las ejecuciones hipotecarias". "En este momento hay 10 planteadas y existe un riesgo muy alto de que en poco tiempo haya que volver a revisar las ejecuciones hipotecarias. En los casos en que las personas afectadas hayan sido desahuciadas de sus viviendas, la reparación del daño causado será imposible", han advertido.
En opinión de la PAH, "la estabilidad y confianza del mercado financiero es el argumento básico tras el que se parapeta el Gobierno central para defender a las entidades bancarias a toda costa". "Aferrados a esta exigencia, se impide una verdadera y necesaria reforma legal, más aún, la exigencia de estabilidad y confianza del mercado financiero ha servido de justificación para el recorte de derechos", han lamentado.
Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, "esta defensa a toda costa de las entidades bancarias está en el origen de la total inseguridad a la que se enfrentan los operadores jurídicos, y especialmente los profesionales de la justicia, tratando de amortiguar las consecuencias que exige la doctrina del Tribunal Europeo al imponer el marco europeo de protección al consumidor en las cláusulas abusivas y en las situaciones de desequilibrio importante de los contratos bancarios".
PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN DEL LANZAMIENTO
Por otro lado, la PAH de Navarra ha reclamado la prórroga inmediata de la 'suspensión del lanzamiento' a todas las familias afectadas "mientras se dicte una ley que garantice su permanencia en la vivienda a través de un alquiler social". "En Navarra tenemos 23 familias en esta grave situación", han asegurado.
En este sentido, los representantes de la plataforma han advertido de que "denunciarán las posibles prorrogas con tinte electoralista que pueda plantearse por el Gobierno del PP y que no sea una solución definitiva".