Entre otras cosas, la llamada ley sobre el diagnóstico genético, que busca fundamentalmente evitar todo tipo de discriminación del ciudadano por su perfil genético, prohíbe y penaliza con multas de hasta 5.000 euros las pruebas de paternidad que se realicen sin el consentimiento de la persona afectada.
Asimismo, y aunque autoriza las pruebas genéticas a los fetos para descubrir posibles malformaciones o graves enfermedades en edad infantil, prohíbe ese tipo de exámenes cuando los padres sólo quieran conocer el sexo de su futuro bebé o sus posibles características físicas, como el color del pelo o los ojos.
Igualmente prohíbe los test genéticos a los fetos cuando se trata de descubrir la posibilidad de que el afectado pueda contraer enfermedades graves de manifestación tardía, cuando se ha alcanzado la edad adulta.
La ley sobre el diagnóstico genético prohíbe a las empresas reclamar a sus posibles nuevos empleados que se sometan a un test de ese tipo para conocer su posible historial médico futuro.
También las compañías de seguros tendrán vetada esa exigencia a sus nuevos clientes, aunque se permitirá excepcionalmente la solicitud de un examen genético cuando se trate de la contratación de elevados seguros de vida.
En todo caso, la ley establece la voluntariedad general de los test genéticos por parte del interesado para conocer si tiene tendencia a contraer alguna enfermedad, pero rechaza la obligatoriedad de ese tipo de pruebas o que terceras personas puedan demandarlas.
Por ello determina que las personas tienen derecho a conocer su perfil genético, pero también a ignorarlo, obliga a que los interesados acepten por escrito que se someten a ese tipo de pruebas y exige que anteriormente sean asesorados por un especialista.
La ley fue aprobada tras meses de arduas negociaciones entre los partidos que forman la gran coalición de gobierno, la Unión -cristianodemócratas (CDU) y socialcristianos bávaros (CSU)- y el Partido Socialdemócrata (SPD).
La ministra alemana de sanidad, la socialdemócrata Ulla Schmidt, subrayó tras la aprobación de la ley que ésta acaba con diez años de debates y cierra un hueco legal sobre el tratamiento de datos genéticos.
No se pueden permitir abusos a la hora de tratar con datos tan sensibles como los del perfil genético, dijo la ministra, quien destacó que la nueva ley garantiza la defensa de la personalidad e intimidad de los ciudadanos.