El Parlament ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los partidos menos C's una ley auspiciada por ICV-EUiA que regula la revocación de los derechos y privilegios de los expresidentes de la Generalitat si no demuestran "las condiciones de honorabilidad necesarias o en caso de condena penal firme".
Los ecosocialistas impulsaron la ley después de la confesión del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuando en julio de 2014 admitió tener un patrimonio oculto en Andorra de un supuesto legado familiar.
La norma aprobada establece que se podrá iniciar el proceso de revocación de los derechos de un expresidente si lo solicitan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados del hemiciclo, y antes de la votación, se tendrá que convocar a una comisión al expresidente para que ofrezca su versión.
Con esta ley, el Parlament podrá decidir la revocación parcial o total de los derechos y prerrogativas de los expresidentes si así lo consideran oportuno dos terceras partes de los diputados de la Cámara catalana.
La norma también contempla que, si hay una condena penal firme, el debate sobre la revocación se tendrá que incluir automáticamente en el primer pleno que se convoque una vez se haya hecho pública la sentencia.
Además, la ley incrementa las incompatibilidades para la percepción de la asignación y la pensión vitalicia e incorpora medidas de control y transparencia, como la publicación anual en el portal de la transparencia de la remuneración de los expresidentes y los medios que tienen adscritos.
DISCREPANCIAS DEL PP
El PP ha votado a favor de la ley, pero ha criticado que introduce una salvaguarda para proteger al actual presidente de la Generalitat en caso de que la justicia lo condene por haber organizado el proceso participativo del 9 de noviembre.
El diputado popular Santi Rodríguez ha argumentado que, en caso de condena penal firme, los expresidentes deberían perder sus derechos y privilegios de forma automática, y no dejar esta decisión en manos del pleno.
Los populares han criticado que, si la ley contempla que la decisión siempre sea del Parlament, es para mantener los derechos y privilegios de Mas en caso de que la justicia le condene por la organización del 9N.
DEFENSA DE ICV-EUiA
El diputado de ICV-EUiA y ponente de la ley, Jaume Bosch, ha defendido que el Parlament siempre debe tener la "última palabra" sobre los derechos de los expresidentes, ya que la Cámara es también quien los nombra.
Además, se ha mostrado convencido de que Mas no cometió ningún delito con el 9N: "Dar la voz al pueblo nunca puede ser delito".