La decisión llegará después de que en plena campaña electoral de las generales estallara la polémica por filtrarse una conversación entre De Alfonso y el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en la que hablaban de buscar casos de corrupción a ERC y CDC, entre otras cuestiones.
El PP será la única formación catalana que no censurará a De Alfonso, aunque el partido que en el Parlamento lidera Xavier García Albiol tiene que decidir aún el sentido de su voto entre la abstención o mostrarse en contra de la revocación.
El cese del director de Antifraude puede aprobarse en primera votación por tres quintas partes del pleno, o en segunda votación por mayoría absoluta, pero el consenso amplio en torno al que debe dejar el cargo hará que se apruebe a la primera.
Los partidos que impulsan la revocación alegan que De Alfonso ha incurrido en una negligencia notoria y grave en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes en el cargo y que queda reflejado, a su juicio, en las conversaciones filtradas con el ministro.
De Alfonso compareció la semana pasada ante la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara, donde reivindicó su trabajo al frente de la oficina y criticó que la decisión de cesarle del cargo era "sin causa legal ajustada a Derecho".
En paralelo a la revocación, varios partidos ya han emprendido acciones legales por este tema: ERC y CDC han anunciado querellas contra el ministro, y el PSC contra De Alfonso por haber acusado a los socialistas de ser los autores de la filtración.