Así se ha pronunciado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra 19 acusados de asediar la Cámara catalana para protestar contra los recortes e impedir que votara los presupuestos catalanes. La Fiscalía solicita cinco años y medio de cárcel para cada uno de ellos por un delito contra las Instituciones del Estado y otro de atentado contra la autoridad.
El Parlament ha elevado a definitiva su petición de pena de 3 años de cárcel por los "actos de violencia y morales" ejercidos contra los diputados, si bien ha advertido de que si el tribunal "se ve obligado a imponer las penas tan severas" que se piden para los acusados --incluida su petición--, el Parlament apoyaría un posible indulto.
"Si se ve obligado a imponer esas penas tan severas, aunque sea la mínima que se pide de tres años y considera que fuera preciso acceder a un indulto para que se vieran rebajadas, el Parlament no lo vería con malos ojos. Lo apoyaría", ha expuesto su representante.
El abogado de la Cámara autonómica ha recalcado que las pruebas son "categóricas y contundentes" sin haber vulnerado derechos "fundamentales o procesales" de los acusados, algo que ha sido suscrito por los letrados de la Generalitat y Manos Limpias.
LA GENERALITAT PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL
Por su parte, la Generalitat de Cataluña solicita tres años de cárcel para los acusados Javier Tadeo Orellana de Villalonga, Daniele Vinci, Rubén Molina Marín y ha enfatizado que no se está enjuiciando el dispositivo y la metodología policial, un "movimiento social" o la competencia de la Audiencia Nacional, algo que ya aclaró el Tribunal Supremo.
De lo contrario, la abogada ha expuesto que se está juzgado la "violencia" ejercida por parte de los acusados para intentar interrumpir el normal funcionamiento de la sesión plenaria. La Generalitat les acusa de un delito contra las Instituciones del Estado, tipificado en el artículo 498 del Código Penal con un mínimo de tres años de prisión.
Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su petición de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los 19 acusados porque con sus "acciones violentas, agresivas, intimidatorias y coactivas" consiguieron alterar el debate parlamentario y "sobrepasaron" los límites del derecho de reunión, expresión y manifestación. El juicio continuará el 5 de mayo con los informes de las defensas y el turno de última palabra.
Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de obra, como vallas, hormigón, cuerdas y maderas, en las puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados.
El día de los hechos, el president Artur Mas y varios diputados fueron increpados y obligados a refugiarse en comisarías. De allí, se trasladaron en vehículos policiales y en un helicóptero hasta la Asamblea catalana, que comenzó con retraso su sesión y alteró su orden del día.