Son los tres inspectores de la Agencia Tributaria que desde 2011, junto al fiscal del caso y la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía, han puesto contra las cuerdas a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Durante todo este tiempo, han analizado cada euro que en los últimos diez años ha entrado y salido de las cuentas corrientes de todos los implicados en la trama, incluidos Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina. En todos y cada uno de sus informes, sus conclusiones han sido las mismas: han apuntado a Urdangarin como supuesto autor del fraude fiscal cometido a través de la sociedad Aizoon, propiedad de los duques de Palma. A pesar de la complejidad del caso, los argumentos de Hacienda eran sencillos: los ingresos indebidamente tributados con la sociedad Aizoon correspondían a rendimientos del trabajo de Urdangarin y no de la infanta. El juez, que hoy ha madrugado para evitar las cámaras, ha cuestionado abiertamente los criterios de la Agencia Tributaria. Interpretable o no interpretable, el hecho es que en dos semanas la hija del Rey tiene una cita en el juzgado y con la famosa rampa. Lo normal, al igual que sucedió con su marido, es que se autorice la entrada del coche hasta la puerta de acceso. Corresponderá a la infanta decidir si opta o no por renunciar a esa medida de seguridad.