Según las fuentes, esta operación realizada por orden judicial guardaría relación con la denuncia penal interpuesta por la Fiscalía por posibles delitos de malversación y prevaricación contra el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona (PP); el concejal de Medio Ambiente, Juan Campos; y la antecesora de este último en el cargo, Mercedes Fuentes.
La denuncia deriva de los hechos elevados al Ministerio Público por los concejales del PA y de IU-CA, a cuenta de la contratación de Juan Campos, en el pasado mandato, para la elaboración de una serie de informes con cargo a las arcas municipales.
El asunto responde a los informes que el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), encargó en el pasado mandato a quien actualmente ocupa el área municipal de Medio Ambiente, el actual concejal popular Juan Campos.
Según la denuncia elevada a la Fiscalía por las fuerzas de oposición, se trataba de informes de apenas dos o tres líneas de comentarios y que habrían sido elaborados 'a posteriori', precisamente para justificar el dinero abonado a Campos en el mandato anterior con cargo a las arcas municipales.
Las fuerzas de oposición, además, avisan de una vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se prolongaron hasta 2009.
El Gobierno municipal, de su lado, ha defendido hasta el momento que Juan Campos fue contratado en el pasado mandato para labores de "supervisión o asesoramiento" en materia de zonas verdes, tráfico, recogida de basura y limpieza viaria y, como tal, habría elaborado informes "acompañados en muchas ocasiones con hasta 200 fotografías" para su estudio de cara a las actuaciones municipales.