"Nos parece una mala decisión porque, aunque lo permita la ley, no lo obliga tampoco. Alguien que no ha tenido piedad con sus víctimas no merecía el trato que se le va dar desde Instituciones Penitenciarias. Es ceder al chantaje de los etarras que están volviendo a las andadas", ha dicho en declaraciones a Europa Press el secretario de comunicación del SUP, José María Benito.
A su juicio, "va a cundir esto de la huelga de hambre para conseguir otras cosas como este tercer grado". "Es un mal día par las víctimas y la gente de bien que esperaba otra cosa", ha zanjado.
"Estamos indignados por que estos individuos (etarras) usen estas pequeñas rendijas que tiene la Ley y que se aprovechen de ellas", ha opinado el portavoz de la CEP, Antonio Labrado, quien ha admitido que la decisión está sujeta a la Ley, pero "no es ética".
"Este que ahora pide dignidad y compasión es el mismo que no tuvo compasión con Ortega Lara, es una hipocresía. Judicialmente le corresponde, pero éticamente no debería", ha concluido.