El Grupo Socialista ya ha expresado su criterio contrario a la toma en consideración de esta iniciativa, por lo que previsiblemente no saldrá adelante la creación de esta comisión de investigación, toda vez que el PSOE-A cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias.
En concreto, el PP-A cuestiona una serie de expedientes relativos a ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo a entidades o empresas, seis de ellos correspondientes a los ayuntamientos de Alcolea del Río, Camas, Coria del Río y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla; y Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz, que figuran en un acta del Consejo Rector del IFA, fechado el 30 de enero de 2004 y firmado el socialista José Antonio Viera, entonces presidente de este organismo.
Según denunció en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el pasado 24 de septiembre, se trata de convenios de colaboración para otorgar ayudas a los ayuntamientos de Alcolea del Río, Camas, Coria del Río y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla; y Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz, "todos gestionados por entonces por el PSOE", y a 15 empresas "de dudosa rentabilidad" y "amigas del PSOE" en la Sierra Norte de Sevilla.
Entre dichas empresas figuran Cooperativa Virgen del Belén, Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, Oce Renting, Aeronáutica del Sur (Aerosur), Corchos Higuera, Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Ibérica de Exportaciones y Transacciones, Refractarios de Andalucía, Romero Álvarez, Servicios y Mantenimientos de Cazalla, Vivir El Barrio, Asociación de Trabajadores Medio Natural, Hotel La Posada del Moro, San Goy S.L. y SAT Virgen del Espino.
El PP-A elevó un escrito exponiendo estos hechos a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de investigar la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, que decidió ordenar la Junta que aporte copia "íntegra y testimoniada" de 21 nuevos expedientes relativos a ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo a entidades o empresas, seis de ellos correspondientes a los ayuntamientos de Alcolea del Río, Camas, Coria del Río y Puebla del Río, Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida.