Francisco Camps compareció ante los medios de comunicación para desmentir las informaciones que le relacionaban con la supuesta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. El presidente de la Generalitat advirtió de que todas las "informaciones y filtraciones sobre la comunidad valenciana no han superado las 24 horas".
"Ejercitaré todas las acciones legales en defensa de mi honor, del honor del PP y de la dignidad de mi cargo y de los ciudadanos de Valencia", sentenció Camps, al tiempo que advirtió de que si "siguiese adelante, pediré la conparecencia de los funcionarios" que "han trabajado conmigo" durante todas las etapas políticas así como "de todos los presidentes de empresas españolas y valencianas públicas y privadas relacionadas con mis responsabilidades políticas".
Camps aseguró en la lectura de su comunicado que, de este proceso abierto "contra un partido", "saldremos más reforzados".
Horas más tarde de la intervención del presidente de la Generalitat valenciana, el líder de los populares salía en su defensa en un acto en Galicia. Mariano Rajoy aseguraba que Camps es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP", así como "un extraordinario dirigente y "un político honrado" que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo".
También ha salido en defensa del dirigente autonómico la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha anunciado que su partido se querellará contra el juez Garzón por prevaricación si no se inhibe en la investigación sobre la supuesta trama de corrupción que afecta al PP.
De la misma manera, el partido ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado, a la que responsabiliza "inequívocamente" de la publicación del sumario de Anticorrupción que implica a Camps en supuestos vínculos con una trama empresarial ilegal. Los populares ven, además, "indicios racionales de criminalidad" en la filtración del informe.
En Andalucía
El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, ha comparecido junto a Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del partido, para pedir a la Fiscalía Anticorrupción que investigue con la "misma celeridad" la adjudicación del stand de su comunidad en Fitur. Según Sanz, la Junta de Andalucía ha gastado más de dos millones de euros, cinco veces más que la Generalitat valenciana.
Además, el secretario del PP andaluz sostiene que el gerente de la empresa adjudicataria del stand andaluz de la Feria de Tursimo fue condenado en 2003 por el Supremo por Malversación de caudales públicos, ya que dio 50 millones a un funcionario por los sobre precios de unos stand. Posteriormente, el ministro Beremejo lo indultó.
González Pons ha añadido que si el "ministro de Interior no puede conducir sin carné, cómo va a el responsable de Justicia a hacer algo sin licencia", en alusión a la cacería de Bermejo con el juez que lleva el caso Gürtel. Ha criticado duramente que los agentes del Seprona diean protección a Bermejo en esas circunstancias.
EB / EPF