El parlamentario del PP vasco Iñaki Oyarzábal ha denunciado este jueves la "connivencia" del Gobierno vasco en el caso de los comedores escolares y ha propuesto la creación de una Comisión parlamentaria que investigue las responsabilidades políticas de estas adjudicaciones "a dedo" de contratos que "superan los 800 millones de euros". "Estamos hablando de un caso de estafa que, después de los EREs de Andalucía y del caso de los Pujol, es el de mayor importe de los destapados en los últimos años", ha asegurado.
En declaraciones a los medios de comunicación durante el pleno ordinario, Oyarzábal se ha referido de esta forma a la multa de 18 millones de euros impuesta por la Autoridad vasca de la Competencia a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores de los colegios públicos vascos, por actuar de "manera concertada e impedir la libre competencia, incrementando los costes".
Oyarzábal ha explicado que la Comisión de Educación del Parlamento vasco recibió la denuncia de una empresa que aseguraba haber quedado excluida "año tras año" en estos concursos, hecho que "encendió las alarmas".
Según ha denunciado, "el PNV ha tratado de tapar este asunto, escurriendo el bulto durante años, permitiendo que se siguieran beneficiando y lucrando" ocho empresas adjudicatarias "a costa del dinero de todos".
Por estos hechos de "gravedad", el PP cree que es necesario "llegar hasta el final, saber qué ha pasado aquí y pedir las responsabilidades políticas" de quienes "a dedo" permitieron que "solo ocho empresas se hayan estado beneficiado de tantos millones de dinero público, que superan los 800 millones de euros".
"Estamos hablando de un caso de estafa que, después de los EREs de Andalucía y del caso de los Pujol, es el de mayor importe de los destapados en los últimos años", ha asegurado antes de anunciar que contactarán con otros grupos para conseguir el apoyo necesario y crear una Comisión de investigación en la Cámara vasca, ya que cree que "es imposible que haya ocurrido sin algún tipo de connivencia del Gobierno vasco y de la propia Administración".
Oyarzábal cree que hay "elementos suficientes" para que el Gobierno vasco traslade toda la documentación a la Fiscalía y que esta determine si se deberían iniciar procedimientos por la vía judicial.
En este sentido, no ha descartado acudir como partido a la Fiscalía para denunciar los hechos pero cree que debería ser el Ejecutivo de Urkullu quien aporte los datos y acudir a la Justicia, aunque también ha apuntado la posibilidad de que la Fiscalía actúe de oficio. "Las responsabilidades políticas se tienen que depurar aquí - en el Parlamento vasco- porque no cabe solo señalar a unas empresas, sino que hay que delimitar quienes han sido los responsables para que esto se haya podido producir durante 12 años", ha insistido.