En este sentido, y a preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa sobre el hecho de que el exministro de Trabajo Valeriano Gómez haya señalado a los actuales responsables del Ministerio como los que pagaron y analizaron la factura supuestamente inflada, Sanz ha advertido de que "es de nota" que el PSOE "intente ahora desviar el problema" y acusar al Gobierno de la Nación cuando "la responsabilidad política clarísima es de quienes daban cientos de miles de euros destinados a cursos de formación"; es decir, "de quienes han sido consejeros de Empleo en los gobiernos socialistas de la Junta y, ahora, de la presidenta y antes del expresidente".
"No tiene sentido que llevemos meses con este tema encima de la mesa y la Junta no diga nada", ha recalcado para exigir a Susana Díaz que, además de explicar "si UGT-A ha tenido algún papel" en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), aclare "qué le debe el PSOE-A a UGT en Andalucía para explicar el silencio clamoroso y cómplice que estamos viviendo".
Según Sanz, la Junta debería investigar qué ha pasado con los fondos que inicialmente estaban destinados a la formación para el empleo y personarse como parte acusadora en la causa que un juez de Sevilla ha abierto contra el sindicato. Para el PP-A, ésta es la única manera como la Junta puede demostrar que le "avergüenza" la corrupción y que no ha estado tratando a UGT-A "como a una organización de amigos del régimen socialista en Andalucía", que es lo que "da la impresión".