El PP y el PSOE van a abrir negociaciones en el Congreso para tratar de aprobar antes del verano la reforma que permitiría recuperar, para futuras reformas estatutarias, el recurso previo al Tribunal Constitucional, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias. De entrada, la tramitación parlamentaria se ha reactivado tras un año congelada en la Cámara.
En enero de 2014, los dos partidos mayoritarios registraron el mismo día sendas iniciativas para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para su aplicación ante futuras reformas estatutarias.
El recurso previo de inconstitucionalidad, que inicialmente podía utilizarse frente a todas las leyes del Gobierno, estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales y evitar la entrada en vigor de la ley de aborto.
Las proposiciones de ley del PP y del PSOE, de redacción muy parecida, comparten el objetivo de reformar la Ley del Tribunal Constitucional con el fin de que se pueda interponer recurso previo de inconstitucionalidad a reformas estatutarias antes de que sean sometidas a referéndum. Tratan así de evitar lo que sucedió con el Estatuto catalán, cuestionado por el TC tras haber pasado por las urnas.
SÓLO TRES DÍAS PARA RECURRIR
Ambos coinciden en habilitar un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (el Gobierno, el Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan si impugnan una futura reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Y si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
Eso sí, también hay diferencias entre uno y otro texto. El PP quiere aplicar el recurso previo también a los Tratados Internacionales, algo que el PSOE no contempla. En cambio, los socialistas ponen topes al TC reclamándole que resuelva el recurso en un plazo máximo de seis meses desde su interposición.
En febrero de 2014, los dos textos fueron tomadas en consideración por el Pleno del Congreso, pero desde entonces se fueron sucediendo las prórrogas del plazo de enmiendas, hasta 52 ampliaciones, de tal manera que han cumplido más de un año hibernando en la Cámara Baja.
Pero esta semana, cumplido el ciclo de elecciones andaluzas y locales, se decidió poner fin al bloqueo cerrándose el plazo de enmiendas de totalidad, que se debatirán el próximo jueves en el Pleno del Congreso.
EN VIGOR ANTES DE DISOLVER
Después, en cuanto PP y PSOE cierren la redacción definitiva de su reforma conjunta, se tendrán que presentar las enmiendas parciales. El objetivo es que la reforma se remita al Senado antes del verano para enviar el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la disolución de las Cortes Generales.
Frente a los planes de los grupos mayoritarios, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas de CiU y PNV, y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) han presentado enmiendas de totalidad para reclamar que los Estatutos de Autonomía no puedan ser recurridos ante el Tribunal Constitucional.
Así, el PNV propone excluir a todos los Estatutos de Autonomía de la posibilidad de ser declarados inconstitucionales por el TC, alegando que son leyes orgánicas especiales que requieren de pacto entre Parlamentos.
Por su parte, CiU admite la vuelta del recurso previo de inconstitucionalidad e incluso amplía su aplicación a todas las leyes orgánicas, pero establece una excepción: aquellos estatutos de autonomía que, como el catalán, exigen la celebración de referéndum para su ratificación.
También Esquerra Republicana presentó enmienda de totalidad contra los textos de PSOE y PP, en su caso para prohibir recursos contra los Estatutos de Autonomía de las comunidades llamadas históricas y, ya de paso, intentar cambiar el sistema de elección de los magistrados para dar capacidad de propuesta a esas comunidades.
La cuarta enmienda de totalidad ha sido registrada por Izquierda Plural y firmada por sus diputados de Iniciativa per Catalunya (ICV). Su propuesta es que los Estatutos de Autonomía no puedan ser objeto de recurso al TC, ni de cuestión de inconstitucionalidad.