Así lo indicó hoy el secretario privado del presidente, Eduardo Enrique Reina, que declaró a Efe que pese a la decisión del Legislativo la consulta "se mantiene porque no es vinculante" y se enmarca en una "ley de participación ciudadana aprobada desde el 27 de enero de 2006".
Además, "no está suplantando al referéndum, ni el plebiscito", subrayó Reina, quien además dijo que el presidente sólo está respondiendo a unos 400.000 hondureños que le han pedido con sus firmas que consulte al país sobre la instalación en las elecciones generales de noviembre próximo de una "cuarta urna" para que los ciudadanos decidan sobre la convocatoria de una Constituyente.
Las otras tres urnas en esos comicios serán para elegir presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados y 298 corporaciones municipales.
Dependiendo el resultado del domingo, Zelaya enviaría al Parlamento una propuesta para convocar el referendo, acotó Reina.
La iniciativa que impulsa el presidente hondureño sufrió anoche un revés en el Legislativo, donde la mayoría de los 128 diputados aprobaron una ley que impide que en Honduras pueda haber referendos o plebiscitos en los 180 días anteriores o posteriores a unas elecciones generales o municipales.
Las figuras del referendo y el plebiscito habían sido ratificadas en 2004 por el Parlamento, pero hasta anoche los diputados no habían aprobado el reglamento que las regula para frenar las intenciones de Zelaya.
El presidente reiteró ayer que la consulta del domingo, la Asamblea Nacional Constituyente y la reforma de la actual Carta Magna, que data de 1982, "no la detiene nadie".
El Ejecutivo mantiene así una iniciativa que ha provocado la polarización social y que busca saber si los hondureños están de acuerdo con que a la par de las elecciones generales del 29 de noviembre próximo se someta a referendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 2010.
Luego vendría una reforma a la actual Constitución de la República, que no permite bajo ninguna modalidad la reelección presidencial.
Según varios sectores, esto es precisamente lo que busca Zelaya, quien ha reiterado que no estará ni un día más en el poder después del 27 de enero de 2010, cuando concluye su mandato, aunque también ha dejado entrever en varias ocasiones que si, reformada la Constitución, la voluntad popular lo pidiera podría volver al poder.
El presidente ha desafiado al Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Todos estos órganos han resuelto que la consulta que impulsa es ilegal.
El único organismo que, según la ley, puede hacer ese tipo de consultas es el Tribunal Supremo Electoral, pero Zelaya inició en febrero su proyecto a través del Instituto Nacional de Estadísticas, con el apoyo de las demás instituciones que controla el Ejecutivo.
Los ciudadanos podrán pronunciarse sobre la convocatoria del referendo en unos 15.000 puestos que serán instalados en todo el país.
El presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, dijo hoy en una sesión ordinaria del Legislativo que los que promueven la consulta popular "están obligados a cumplir con lo que la Constitución dice".
El diputado Ramón Velázquez, de la Democracia Cristiana, por su parte, recomendó a los hondureños que ante una eventual confrontación, si se lleva adelante el domingo la iniciativa, "lo mejor es quedarse en casa", y reiteró que el presidente está "equivocado".
En el Parlamento, Zelaya sólo ha encontrado apoyo en el izquierdista Partido Unificación Democrática, cuyo candidato presidencial, el diputado César Ham, se ha convertido en un promotor más de la consulta popular.
En opinión del legislador Toribio Aguilera, del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata, este "es un episodio más que va dirigido a un gobierno autoritario".
En respuesta a las críticas, Zelaya asegura que su proyecto reformista tiene "el apoyo del pueblo" y que "solamente es rechazado por los ricos".