Para modificar la Constitución hay dos caminos: el procedimiento ordinario y el agravado, aplicado para reformas de mayor profundidad como la sucesión a la Corona, otras veces planteada. Para incluir una regla que limite el déficit y la deuda de las administraciones en la Carta Magna se emplearía el primer procedimiento y sería necesario que PSOE y PP presentaran esta misma semana su texto en el Congreso.
Ya ayer martes lo advirtió el Presidente de la Cámara, José Bono. Para que la reforma estuviera antes del 26 de septiembre, cuando se disuelven las Cortes de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre, es necesario convocar dos plenos extraordinarios el 30 de agosto y el 1 de septiembre.
Para una modificación de este tipo es necesario el sí de los tres quintos del Congreso y del Senado. Algo que sería posible con un acuerdo entre PSOE (169 en la Cámara Baja y 103 en la Alta ) y PP (152 en la Cámara Baja y 124 en la Alta)
Al tratarse de una reforma parcial, el texto se presentaría como Proposición del Ley. Así se eliminan los trámites de ponencia y comisión en ambas Cámaras y se pasaría directamente a las votaciones en el pleno, aglutinado en una única sesión la toma en consideración y la aprobación inicial en el Congreso. De esta manera la modificación estaría aprobada en dos semanas.
El referédum solo se prevé si lo solicita, en los quince días posteriores a su aprobación como proporción de ley, una décima parte cualquiera de las cámaras. Si esto ocurriera sería imposible la reforma en esta legislatura.
Segunda reforma en 33 años
La Constitución ya se reformó en 1992. También poco antes de que se disolvieran las Cortes. Se incluyó la posibilidad del sufragio "pasivo" en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea, algo reconocido en el Tratado de Maastricht.
Otras veces, el gobierno socialista de Zapatero ha planteado la reforma constitucional para mencionar la UE en la Carta Magna, nombrar a las Autonomías y modificar la sucesión a la Corona. Estas veces no ha habido acuerdo. EBP