El principal grupo de la oposición llevará ante el Tribunal Constitucional la reforma auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que permite por primera vez en la historia compatibilizar el cargo de vocal con el ejercicio de la profesión.
Es más, la nueva ley posibilita que, en caso de bloqueo, el Consejo del Poder Judicial pueda darse por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir a diez vocales, algo que el PP puede hacer unilateralmente con su mayoría en el Senado, aunque no en el Congreso.
Los socialistas ya anunciaron su intención de recurrir el nuevo modelo de Consejo cuando la norma salió adelante el pasado mayo con el voto en contra de la oposición y la crítica del mundo judicial. Los grupos criticaron la falta de diálogo en la tramitación de la ley y hablaron de "atraco" y de "manifiesto ataque" a la independencia del Poder Judicial.
Tan solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la Carrera, ha aceptado avalar candidatos.
Mientras tanto, la asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales emplazaron a un ministro que, a su juicio, se ha quedado "solo" a retirar el articulado.
Este mes corresponde renovar los veinte vocales del CGPJ, tanto los doce jueces y magistrados como los ocho juristas de reconocido prestigio. La mitad de ellos se eligen en el Congreso y la otra mitad en el Senado, en ambos casos con una mayoría cualificada de tres quintos.