En una rueda de prensa, el secretario general del PSOE de la isla, Carlos Espino, ha dicho que la situación que vive Lanzarote por la operación contra la trama de corrupción es "excepcional" y que el partido socialista ha tomado esta decisión porque el PIL no ha respondido a las imputaciones de sus cargos públicos.
"En nueve días no hemos recibido ningún gesto del PIL", afirmó Espino, quien añadió que los socialistas han considerado que, con este silencio, el Partido de Independientes de Lanzarote "nos trasladaba la responsabilidad a nosotros".
Los socialistas afirmaron que desde mañana se pondrán en contacto con otras fuerzas políticas para intentar garantizar la gobernabilidad de las instituciones en las que el PSC-PSOE gobernaba con el PIL.
Desde que el pasado lunes 25 se inició la "operación Unión", contra la trama de corrupción municipal y urbanística de Lanzarote, han sido detenidas una veintena de políticos, cargos públicos, funcionarios y empresarios.
Entre ellas figura el líder del PIL, Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales, quien se encuentra en prisión cumpliendo ocho años de cárcel por otros delitos y ahora ha sido imputado, y decretada de nuevo su prisión, por delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Varias políticos del PIL están en prisión o imputados en esta operación, entre ellos el que fuera primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra, y el ex concejal de Urbanismo y Hacienda, José Miguel Rodríguez.
Ambos fueron cesados por el alcalde socialista tras sus detenciones.
También hay varios socialistas entre los detenidos, entre ellos el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez, un histórico del PSC-PSOE.
De los veinte detenidos en la operación, el juez ha decretado el ingreso en prisión de siete de ellos, y los otros trece han sido puestos en libertad con cargos de corrupción.
Hoy el consejero socialista de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Rubén Placeres, anunciaba su dimisión tras ser imputado por la Guardia Civil, que interrogó como acusados al vicepresidente de la corporación, Fabián Martín (PIL), y a los alcaldes de Yaiza (PIL) y Tinajo (CC).