En su anterior reunión, del pasado miércoles, el órgano de gobierno de la Cámara no trató expresamente este asunto por falta de tiempo, aunque sí salió a colación en la Junta de Portavoces que aprobó el orden del día de la primera sesión plenaria ordinaria de la XI Legislatura, que tendrá lugar este miércoles.
En este primer Pleno no habrá sesión de control al Gobierno, pero la intención de la oposición es que en la siguiente sesión, prevista para después de Semana Santa, sí se pueda interrogar ya a los miembros del Ejecutivo en funciones, si sigue sin haber un nuevo Gabinete.
Aunque la Mesa del Congreso ya se pronunció sobre esta cuestión hace unas semanas, y el PP ya expresó su negativa, el asunto volverá a tratarse este martes, puesto que tendrán que debatirse sendas solicitudes de PSOE y Democracia y Liberad para que Rajoy comparezca para dar cuenta de la posición de España ante el Consejo Europeo que arranca el viernes y en el que se tratará sobre la crisis de los refugiados sirios. Un asunto que se analizará también en la Junta de Portavoces.
El Gobierno, por boca del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya avanzó el pasado jueves que el Gobierno no va a someterse al control del Congreso. Lo hizo amparándose en un informe jurídico redactado por su departamento para dar respuesta a la Comisión de Defensa de la Cámara, que ha citado para este jueves al ministro del ramo en funciones, Pedro Morenés para que informe a la Cámara de estado y el coste de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
MORENÉS, EL PRIMERO EN RECIBIR CITACIÓN
Morenés se convertía así en el primer ministro que recibía una comunicación específica para acudir al Congreso. Con anterioridad la Comisión de Empleo ya había acordado, también con el voto en contra del PP, citar a Fátima Báñez, pero aún no había fijado un día para su comparecencia.
PSOE, Podemos y Ciudadanos --partidos, junto con el PP, que tienen presencia en la Mesa del Congreso-- defienden que, pese a su situación de interinidad, el Congreso puede pedir la comparecencia de los miembros del Gobierno, ya sea en Pleno, en comisión o en una sesión de control, y así lo volverán a sostener en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces.
Los 'populares', por su parte, pondrán en valor los argumentos jurídicos ya esgrimidos por Moncloa que tienen como eje central que un Gobierno que no ha recibido la confianza del Congreso no está sometido a su control.
El informe de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, recogido por Europa Press, sostiene que controlar a un gobierno cesado podría constituir un "fraude de Constitución" porque supondría tanto como que los diputados elegidos para una nueva legislatura utilizaran su cargo para fiscalizar a "una mayoría" que habría obtenido su mandato de unas elecciones anteriores.
Además, el Ejecutivo se remite a la Ley de Gobierno, para subrayar que un Gabinete en funciones debe limitar su gestión "al despacho ordinario de asuntos públicos", lo que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo significa que sólo puede ocuparse de asuntos "cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno".
SI NO LES GUSTA, A LOS TRIBUNALES
Únicamente podría adoptar medidas que exceden el despacho ordinario e incurrir en actos "de orientación política" en caso de "urgencia o por razones de interés general" y, de hacerlo, tendría que acreditar esa urgencia o ese interés. El Gobierno defiende que en estos casos sus actos únicamente podrían ser analizados por el Poder Judicial --"al tratarse de un control de legalidad"--, pero no por el Legislativo, puesto que los mismos se situarían "al margen de valoraciones de carácter político".
En la rueda de prensa que ofreció la semana pasada, Ayllón ya explicó que los grupos parlamentarios que no estén de acuerdo con la negativa del Ejecutivo a someterse al control de las Cortes podrán llevar el asunto a los tribunales. En concreto, tendrían que plantearlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.