El texto, que se encuentra en fase de debate de enmiendas, fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Castilla-La Mancha, aunque al enviarse al Congreso se encontró con la oposición frontal de los murcianos y los valencianos, que no aceptan que se ponga fecha de caducidad al trasvase Tajo-Seguro.
Este hecho ha causado infinidad de problemas a las direcciones nacionales de los dos partidos mayoritarios, que se achacan mutuamente la falta de acuerdo sobre las enmiendas y, por tanto, del fracaso de las negociaciones.
Los socialistas acusan al PP de mantener una posición "desleal", porque recalcan que los populares mantienen posiciones diferentes respecto a la fecha del trasvase en Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid, algo que no permite negociar.
La misma acusación hace el PP al PSOE, ya que según fuentes del grupo parlamentario popular, el que los socialistas murcianos intenten "blindar" el trasvase Tajo-Segura complica notablemente la posibilidad de acuerdo.
Así las cosas y, más allá de estas consideraciones políticas, las mismas fuentes del PP hacen notar que el 99 por ciento de las enmiendas que los dos grupos son coincidentes, por lo que técnicamente el acuerdo debería ser factible.
Ahora está por ver si las negociaciones para reformar este Estatuto, que los grupos esperan retomar a partir del próximo día 20, dan sus frutos y es posible llegar a un acuerdo que permita sacar adelante el texto con un importante grado de consenso.