La Generalitat remitió este martes, 25 de julio, un escrito al juzgado en el que indicaba que no disponía la posesión inmediata de las 44 obras ya que "están en poder de terceras personas, que son poseedoras de buena fe de los bienes litigiosos", en referencia al Consorcio del Museo de Lérida.
El documento fue entregado a la jueza el día en que ésta había fijado como fecha para que la Generalitat comunicara al Gobierno de Aragón cómo iba a realizar el traslado de esas 44 piezas, entrega para la que estableció como fecha límite el próximo lunes, 31 de julio, según los autos del 27 y 29 de junio pasado.
La magistrada ha emitido este miércoles, 27 de julio, una providencia donde además de desestimar el argumento de la Generalitat, le recuerda que "debe estarse" a lo resulto en ambos autos. Contra la misma puede interponerse recurso de reposición en el plazo de cinco días ante el mismo tribunal.
DEPOSITARIO
El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, municipio donde está ubicado el monasterio, ha esgrimido que el Museo de Lérida "no pasa de ser un mero depositario de las piezas" y por lo tanto "está sujeto a la suerte que la Generalitat haya tenido en el pleito sostenido con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena".
El letrado ha incidido en que "el depositario, que es mero guardador y conservador de la cosa depositada, debe devolver las piezas a quien verdaderamente sea el dueño de las mismas, pues, de lo contrario, podría incurrir en la comisión de un presunto delito de apropiación indebida que, tratándose de bienes del patrimonio histórico español, lleva aparejada una pena que pueda llegar hasta seis años de prisión".
Además, Jorge Español ha señalado que el consejero de Cultura catalán es el presidente del Consorcio del Museo de Lérida "por lo que no puede escudarse en este tipo de artimañas para no devolver las 44 piezas al Monasterio de Sijena".
Por todo esto, ha subrayado que "no asiste ya razón legal alguna a la Generalitat para no cumplir los mandatos judiciales que resultan sagrados y de obligado cumplimiento en cualquier sociedad que pretenda llamarse democrática".