En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha destacado que el proyecto de ley que se remite a las Cortes Generales revisa los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, entre otras novedades.
Se ampliará la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas y se incluirán medidas para agilizar los procedimientos judiciales para que no se "eternicen". Por ejemplo, se permite al juez elevar una causa para su enjuiciamiento sin necesidad de acumularlo al proceso conexo.
Además, se facilita la persecución del corrupto y la recuperación de los bienes procedentes de sus actividades delictivas, según ha subrayado la vicepresidenta.