Fiscalía y acusación han retirado los cargos contra Carlos M., el mecánico del helicóptero estrellado hace nueve años en Torallola (Lleida) en un accidente en el que murieron sus ocho ocupantes, y que este viernes queda listo para sentencia.
El fiscal y los abogados de familiares de los fallecidos han planteado la exculpación en la última de las siete sesiones del juicio, al considerar que Carlos M. era un trabajador autónomo que se limitaba a cumplir el trabajo encargado por la empresa propietaria del helicóptero.
Para Pedro María S.M., dueño de la empresa Helieuropa Services, propietaria del helicóptero, y los responsables del mantenimiento Andrés G. y José Carlos P., la fiscalía ha solicitado más de cinco años de cárcel por ocho delitos de homicidio imprudente.
Ha reclamado también 7.200 euros de multa e indemnizaciones para las víctimas en las que el Ministerio de Fomento figura como responsable civil subsidiario.
En la primera sesión del juicio, el administrador de la empresa propietaria del helicóptero había responsabilizado al piloto fallecido de volar a pesar de que el aparato no había sido inspeccionado por sus últimas cien horas de vuelo y de llevar pasajeros, para lo que no tenía permiso.
El helicóptero se estrelló en Torallola, en el municipio de Conca de Dalt, el 14 de junio de 2002 cuando en un vuelo que había sido contratado para supervisar la red eléctrica.
Fallecieron la delegada de Industria en Lleida, Divina Esteve; el piloto, Vicente Roselló; el copiloto, Jordi Escuté; el jefe de Energía, José Santiago; el funcionario Francesc Franch; los empleados de Eléctricas Helcosa Víctor Corredor y Julio Hernández, y el jefe de líneas de Fecsa, Luis Peláez.
SE APLAZÓ EN FEBRERO
Este juicio había sido fijado para mediados de febrero, pero en la primera sesión la vista se suspendió para atender las acusaciones particulares que representan a las familias de las ocho víctimas, que solicitaron al juez que Fomento formara parte del procedimiento.
Consideraban que podía tener alguna responsabilidad en el siniestro, debido a que otorgó a la empresa propietaria del helicóptero siniestrado, Helieuropa Services, el certificado de aeronavegabilidad.
El Fiscal responsabiliza a los acusados de reconstruir un helicóptero que perteneció al Ejército del Aire, sin autorización ni habilitación para ello, de aplicar un programa de mantenimiento inadecuado de la nave, y de transportar pasajeros en ella, pese a que Aviación Civil se lo prohibió expresamente.