En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han querido expresar su "desautorización y reprobación" ante el acto institucional de Apertura del Año judicial 2013-2014, celebrado este mediodía en el Tribunal Supremo.
"Queremos transmitir sobre todo nuestra protesta ante el contenido de las modificaciones legislativas que este Gobierno se está apresurando a tramitar antes de que acabe la legislatura, en concreto, los borradores de Código Procesal Penal y Ley Orgánica del Poder Judicial", han manifestado.
En este sentido, han denunciado que los textos, "pese a afectar a aspectos fundamentales para la convivencia y el Estado de Derecho", han sido elaborados "a puerta cerrada, sin debate público, sin consenso y desde posiciones alejadas de la realidad" que, desde su punto de vista, "en modo alguno responden a la composición plural de la sociedad española".
En esta línea, han advertido de que si estos borradores llegan a entrar en vigor, los secretarios judiciales pasan "de ser un cuerpo superior jurídico a un cuerpo auxiliar de cada juez o magistrado, pese a tener una formación y categoría equivalentes".
"Se nos reservan funciones puramente materiales, como las de lectura en público o transcripción a papel de soportes audiovisuales, que además obedecen a una visión muy desfasada de la justicia, impropia de una sociedad moderna", han explicado, al tiempo que han añadido que también "se restringe hasta desvirtuarla toda facultad de dirección procesal de la Oficina Judicial, con lo que se abandona la aspiración a una tramitación homogénea de los procedimientos".
LA TRISTE MANO EJECUTORA
Según los secretarios judiciales, "los denominados 'expertos' de Gallardón no han sido sino la triste mano ejecutora del sector más inmovilista de la judicatura y el Poder Judicial, sector al que ha sido entregado el ejecutivo en justicia".
"Este sector, desde el mismo momento en que se firmó el pacto de Estado por la justicia y se comenzó la modernización parlamentariamente consensuada, ha tratado de boicotear y frenar la implantación y desarrollo de la oficina judicial, y con ella, la superación de una administración de justicia anclada en el siglo XIX, desigual en su aplicación, y encaminada a su debilitamiento y desprestigio social", han subrayado.
Por todo ello, las organizaciones UPSJ y SISEJ han anunciado que, "si los referidos borradores comienzan su tramitación parlamentaria con la redacción propuesta", iniciarán "medidas de conflicto laboral" en su colectivo "ante el momento crítico" en que se les sitúa.