Según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado ha reservado cinco días de septiembre (17, 18, 19, 26, 27) y otros cuatro de octubre (1, 8, 9 y 10) para el interrogatorio de los inculpados, entre los que figuran técnicos y empresarios. Por ahora, el magistrado ya ha tomado declaración a cinco de los imputados.
El exvicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo (IU), declarará el 1 de octubre y el exdirector de área de Cultura, Jorge López, cuya comparecencia, prevista inicialmente para el 26 de junio, fue aplazada 'sine die', lo hará el 19 de septiembre. Además, se han citado como testigos a otras tres personas para el 15, el 16 y el 17 de octubre.
La Diputación, personada en el caso, ha presentado ante el Juzgado una ampliación de su denuncia que incluye a seis empresarios más y a la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo.
Si el magistrado Miguel Ángel del Arco acepta esta ampliación, el número de imputados, por delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos o falsedad documental, pasaría a un total de 21, incluyendo a cargos o excargos públicos, como el exvicepresidente de la Diputación y actual secretario provincial del PCE, Julio Bernardo, o el exdirector del área de Cultura en la corporación durante el anterior mandato Jorge López.
Según afirmaba recientemente en rueda de prensa la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, lo que une a Pérez Cotarelo a la supuesta "trama" es el documento por el que Bernardo delegó en la diputada facultades de seguimiento de Magrec y un contrato posiblemente ilegal que suscribió a través de una empresa intermediaria para el alquiler a un particular de una casa en Chaouen para instalar el museo, cuyo proyecto elaboró la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, también imputada en la causa.
En el caso de los seis empresarios --cinco de Madrid y uno de Granada--, entre los que figuran los tres que interpusieron la denuncia contra Sádaba --posteriormente archivada--, la Diputación ha encontrado expedientes con "presupuestos de dudosa legalidad" y contrataciones por tanto posiblemente irregulares.