La Policía ha esclarecido 980 delitos de falsificación y estafa, con un fraude total de 10,6 millones de euros. Entre los 612 implicados, los agentes han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.
Las investigaciones comenzaron tras ser detectadas numerosas empresas sospechosas en las ciudades en las que se ha desarrollado la operación. Entre los implicados se encuentran administradores de las mercantiles, autorizados RED, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron –gracias al fraude- su situación administrativa en España. Las mercantiles pertenecían al ámbito de la hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.
Las empresas fraudulentas eran utilizadas para simular negocios jurídicos y falsas contrataciones de trabajadores. A cambio de dinero, las mercantiles investigadas daban de alta en la Seguridad Social. Los supuestos empleados acumulaban los periodos mínimos de carencia exigidos para acceder a las prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. A través de estos contratos falsos, accedían a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
Las investigaciones –aún abiertas- han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.