El tribunal desoye así a la única petición de pena que pesaba sobre la hermana del rey y que estaba ejercida por Manos Libres. Su letrada, Virginia López, había solicitado una condena de ocho años de prisión para la infanta al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido habría cometido al frente de Aizoon, la empresa de la que ambos son socios al 50 por ciento.
La sentencia dada a conocer este viernes, casi ocho meses desde que el juicio quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio, depura las responsabilidades atribuidas a un total de 17 acusados por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.
Ya en mayo de 2013, la Audiencia dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por presunto fraude fiscal, lo que acabó sucediendo meses después. Según señalaba por primera vez la Sala, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de Aizoon.
La Sala incidía asimismo, ya en ese auto, en que, si bien la exduquesa podía desconocer el origen ilegal del dinero público, lo que resulta "más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública".
Para los magistrados, la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda" y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
Se inició con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.