La Sala de Gobierno del TSJC, a petición de los jueces de instrucción, decidió no permitir filmaciones ni fotografías en los pasillos del complejo judicial, escudándose en "el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas que acudan a cualquier tipo de actuación judicial, así como la presunción de inocencia".
El Sindicato de Periodistas de Cataluña tildó este veto de inadmisible y de grave vulneración del derecho a la información, y el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) lo valoró como "excesivamente restrictivo".