En una providencia dictada este miércoles por el presidente de la denominada Sala de Vacaciones del Supremo, el magistrado Ángel Calderón, se ha remitido al Ministerio Público la denuncia interpuesta por un posible delito de revelación de secretos, después de que fuera elevada al alto tribunal por un juzgado de Madrid.
El juez de instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, elevó la pasada semana al alto tribunal la denuncia acompañada de una exposición razonada para que decida si es competente de investigar el delito que el principal grupo de la oposición atribuye a la ministra.
La Sala de Vacaciones constituida para este mes de agosto está presidida por Calderón e integrada por un magistrado de cada Sala. Esta semana está formada por Francisco Javier Arroyo, Joaquín Giménez, Manuel Vicente Garzón, Milagros Calvo y Javier Juliani.
El PSOE presentó a finales de julio una denuncia contra la titular de Empleo por la supuesta comisión de un delito de revelación de información a la que habría tenido acceso en el ejercicio de su cargo.
Se refería a la revelación de datos sobre su Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que fueron facilitados desde el correo electrónico de la ministra a un medio de comunicación para su publicación, según informó el PSOE en un comunicado.
DAÑO RELEVANTE AL SERVICIO PÚBLICO
La denuncia, presentada el pasado 20 de julio en los Juzgados de Plaza de Castilla, señalaba textualmente de que se trata de un "supuesto gravísimo, en el que el daño generado al servicio público es de la máxima relevancia" y acusaba a la titular de Empleo de "vulnerar de manera flagrante todos los principios que rigen la conducta de las autoridades públicas y la actuación de la Administración Pública, sujeta siempre al principio de legalidad".
"Y lo hace con una motivación exclusivamente partidista, buscando únicamente el daño del principal partido de la oposición, premeditadamente y despreciando cualquier atisbo de defensa del interés general", afirmaba el PSOE en una nota sobre el contenido de la denuncia.
El texto indicaba que "el daño para la imagen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es incalculable, pues la máxima autoridad del mismo no duda, en un tema de la máxima sensibilidad en la actualidad, como son los expedientes de regulación de empleo, en utilizar la información a la que tiene acceso con fines puramente partidistas y absolutamente ajenos a la Administración Pública que representa".
Asimismo, refería que esta "conducta no tiene precedentes". "Es una quiebra absoluta de los principios que rigen el funcionamiento de la Administración Pública, condensados en el artículo 3 de la ley 30/1992", señalaba sobre el respeto a los intereses generales y a los principios de buena fue y confianza legítima.