La decisión del TC supone la suspensión automática de la ley recurrida, al ser de aplicación, al haberlo solicitado el Gobierno, el artículo 161.2 de la Constitución, según ha informado el Tribunal Constitucional en un comunicado.
Este artículo dice que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
La Abogacía del Estado sostiene en su recurso que la ley foral es inconstitucional porque vulnera normas dictadas por el Estado en materia de retribuciones y porque el nuevo complemento salarial supone un incremento de las retribuciones del personal de las
Administraciones Públicas de Navarra superior al que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, ha recordado el TC.