En declaraciones a Europa Press, Gómez ha considerado que fijar una reducción por debajo de esa franja establecería una proporcionalidad que perjudicaría a los partidos minoritarios, para incidir luego en que la cuestión de bajar el número de parlamentarios en la Asamblea de Madrid debe tener un debate profundo entre todos los grupos parlamentarios.
"Yo pertenezco a un partido mayoritario, que es la segunda fuerza política de Madrid, que si se redujese a la mitad la Cámara porcentualmente nos daría igual, tendríamos exactamente el 50 por ciento de diputados, con lo cual no perderíamos peso. ¿Cuál es el problema? Que si en Madrid se reduce, por ejemplo, al 50 por ciento los partidos minoritarios pierden peso", ha explicado el líder del PSM.
En este sentido, Gómez se ha manifestado firme defensor del "pluralismo político" y aboga por encontrar una horquilla que marcase un número máximo y mínimo, un "número tope" para que, independientemente del crecimiento de la población, no se aumente el número de diputados autonómicos sin perder proporcionalidad. "Es cuestión de hacer números", ha ahondado luego.
"129 SON DEMASIADOS"
El secretario general del PSM ha considerado que los 129 diputados autonómicos que existen actualmente son "demasiados" pero ha reclamado a Aguirre que aborde esta cuestión "sin demagogia". Por otro lado, ha reclamado que la presidenta regional se podría plantear reducir 70 cargos de confianza, que ha designado "a dedo" el PP y que se pagan con los impuestos de todos los madrileños.
También ha exigido al Gobierno regional que recorte la partida de publicidad institucional dado que se ha gastado 700 millones de euros "en propaganda" durante cuatro años.
"Recortar en 65 diputados y no recortar en 70 asesores del PP, nombrados a dedo y que trabajan para ella (en referencia a Aguirre) para mejorar su imagen significa no recortar en política, sino recortar en democracia. Recortar en despilfarros no es recortar en democracia", ha apostillado.
Mientras, Gómez ha censurado que el PP aproveche la crisis para hacer modificaciones legislativas para, a su juicio, hacer una defensa de la educación y la sanidad privada frente a la pública