En una comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de la Fiscalía relativa a 2013, Torres-Dulce ha calificado de "durísimo" el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de entre tres y cuatro años y medio de cárcel para quienes "actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros coacciones a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
A su juicio, este precepto refleja una "desproporción" entre la conducta y la pena que lleva aparejada. En este sentido, ha afirmado que la Fiscalía no ha recibido "ninguna instrucción" en estos casos, aunque no está "cómoda" y por ello, y revisará estos procesos.
Poco antes, el diputado de ICV Joan Coscubiela ha contrastado la "beligerancia" que la Fiscalía muestra contra huelguistas, frente a las livianas penas que solicita para empresarios que impiden el derecho de huelga.