El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido este martes en el Congreso por "legítimo" y "coherente" el escrito por el que el fiscal adscrito al "caso Nóos", Pedro Horrach, se opuso la pasada semana a la imputación de la infanta Cristina en la causa. Afirma que se base en "sólidos criterios jurídicos" ante la no existencia de indicios de delito que permitan adoptar una postura diferente.
Así ha respondido Torres-Dulce a la intervención de varios diputados de la oposición, especialmente la de la portavoz de UPyD Rosa Díez, durante la Comisión de Justicia en el Congreso, donde fue acusado de propiciar una "doble vara de medir" respecto a Cristina de Borbón y su posible relación con el caso.
Según Torres-Dulce, la posición de la Fiscalía ha sido la de la "promoción activa de la Justicia" en este asunto y Horrach ha instado a la práctica de todo tipo de pruebas.
"El criterio absolutamente básico que ha presidido su actuación ha sido el de realizar los dictámenes en términos de derecho", ha insistido el fiscal general. Ha añadido que en todos los casos que una persona va a ser imputada se actúa de dicha manera, y que el fiscal se ha pronunciado a favor de desimputaciones en otras causas, como la de los ERES que se instruye en Andalucía.
"Podría discutir con sus señorías si los racionamientos jurídicos no fueran racionales, proporcionados o de estricta justicia -ha afirmado Torres-Dulce-. Creo que el pormenorizado estudio que hace Horrach de por qué entendemos que no procede en la imputación se basa en muy sólidos criterios jurídicos".
Ha subrayado que la posición del fiscal Horrach en su informe es de "gran solidez jurídica" y que no ha utilizado en su informe argumentos nunca defensivos para la infanta, sino un análisis ponderado de los elementos en juicio. Si hubiera habido indicios, según el fiscal general, hubieran ido "a imputar", pero tras "levantarse el velo" de la actividad en Nóos no han aparecido indicios contra la hija del Rey.
Momentos antes de comparecer en la Comisión de Justicia, el fiscal general del Estado ha negado que la Fiscalía contemple pactar un acuerdo de conformidad con el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por su implicación en el 'caso Nóos'. "Ni hay abierto, ni va a haber ninguna negociación a este respecto", ha sentenciado.
Respecto a un posible trato a favor hacia la Infanta Cristina, Torres-Dulce ha rechazado esta idea y ha defendido que para la Fiscalía "no existe ningún elemento" que permita su imputación. "No hay ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa justificadamente en Derecho", ha concluido.
PRESTIGE
Por otra parte, Torres-Dulce ha mostrado su "absoluta discrepancia" con la sentencia absolutoria dictada en relación con el "caso Prestige" y ha añadido que desde el Ministerio Público están "viendo las posibilidad es de recurrir ante el Supremo", y no porque la resolución haya abierto una brecha social en la confianza de la justicia, sino porque " no es ajustada a derecho".
En este sentido, confía en que la concepción de la Fiscalía sobre la existencia de "un delito ecológico con consecuencias devastadoras" pueda ser atendida por el Supremo.
Al término de la Comisión, ha apuntado que primero anunciarán el recurso, trámite para el que el plazo que vence esta semana, y a continuación se interpondrá el mismo. "Estamos estudiando y explorando todas posibilidades para recurrir la sentencia", ha afirmado.
INVESTIGACIÓN EN ARGENTINA
Por otra parte, y sobre las peticiones de extradición presentadas por Argentina contra varios expolicias implicados en la represión franquista, Torres-Dulce ha explicado que las órdenes de detención cursadas a España contenían errores formales y no cumplían con los términos del convenio de extradición entre ambos países. Ha añadido que la Ley de Amnistía sigue actualmente vigente y dichos hechos quedarían bajo su tutela.
A preguntas de la portavoz de UPyD sobre la posible ilegalización de Sortu y Bildu, Torres-Dulce ha afirmado que, en términos generales, quienes no acepten el marco constitucional serán sometidos a investigación, si bien la Fiscalía debe moverse en el terreno de juego que ha situado el Tribunal Constitucional, que validó la existencia de esta formación política.
TASAS JUDICIALES
También se ha referido el representantes del Ministerio Público a la aprobación de la Ley de Tasas judiciales, que mañana cumple un año. Ha reconocido que el Consejo Fiscal no pudo informar en su momento sobre este asunto, que está pendiente de recurso en el Tribunal Constitucional, si bien él personalmente cree que la existencia de tasas es compatible con la tutela judicial efectiva.
Finalmente, sobre un posible cambio en la Ley de indulto Torres-Dulce ha comentado que existe un planteamiento tradicional y que ahora mismo se está estudiando si éste debe cambiar hacia la exigencia de una motivación de la medida de gracia. "No me pronuncio porque habrá seguramente iniciativas legislativas en las que podré opinar", ha apuntado.