En concreto, y según ha indicado el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, el ministerio fiscal ha pedido que se exija responsabilidad penal por un "posible fraccionamiento en dos contratos menores adjudicados a un mismo contratista".
Y por otro lado, el ponente del informe ha solicitado a la Sección de Enjuiciamiento "la apertura de procedimientos por responsabilidad contable", aunque el presidente ha dicho no poder dar más detalles de los testimonios que se piden.
Álvarez de Miranda ha revelado esta investigaciones a instancias del diputado de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Valencia, Ricardo Sixto, que en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha pedido saber qué medidas iba a adoptar la institución ante las deficiencias recogidas en su informe de fiscalización de las subvenciones de Interior.
Aquel informe, recogido por Europa Press, detectó múltiples deficiencias en las subvenciones otorgadas por el Ministerio del Interior en el primer ejercicio de Jorge Fernández Díaz, por lo que aconsejó una "evaluación exhaustiva" de los procedimientos para asegurar el "cumplimiento riguroso" de la normativa.
Respecto a las subvenciones concedidas en régimen de de concurrencia competitiva, que en 2012 se canalizaron a través de siete líneas por un importe global de 2,28 millones de euros, el Tribunal de Cuentas señaló que las bases reguladoras presentaban "carencias" respeto al plazo o la forma de presentación de solicitudes, al régimen de compatibilidades con otras subvenciones y a la forma de acreditación de determinados requisitos, así como "incoherencias" entre esas bases reguladoras y las convocatorias.
FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
El Tribunal también indicó que en la solicitud, concesión y justificación de estas subvenciones concedidas por Interior se infringieron diversos preceptos de la normativa reguladora de las subvenciones, entre las que destacan la falta de acreditación documental del cumplimiento de alguno de los requisitos, la notificación fuera de plazo de la concesión, la falta de justificación total o parcial de algunas ayudas o la inclusión de justificantes de gasto no subvencionables.
En cuanto a las subvenciones concedidas directamente sin concurso, la institución fiscalizadora descubrió "deficiencias e incumplimientos" en la concesión, pago y justificación de las ayudas para la cooperación policial internacional, entre las que destacó la falta de uniformidad de las dietas de gastos de bolsillo o la firma de dos contratos menores con el mismo proveedor cuyo importe conjunto supera el de esos contratos.
SIETE MESES PARA TRAMITAR SUBVENCIONES POR CATÁSTROFE
Destacó asimismo el caso de las ayudas por el terremoto de Lorca, cuestionando que las subvenciones directas derivadas de situaciones de emergencia se resolvieron en un plazo medio de siete meses, lo que resulta "excesivo" habida cuenta de que su objeto era paliar daños por catástrofe. También en estas ayudas, cuya formalización fue cuestionada este lunes por la ponente socialista Ángeles Álvarez, el tribunal observó deficiencias e incumplimientos.
En tercer lugar, el capítulo de subvenciones mediante convenios de colaboración, el Tribunal denunció incumplimientos como la omisión del régimen de incompatibilidades con otras ayudas, del plazo y forma de pago de las subvenciones, y de la constitución de comisiones de seguimiento.
En este contexto, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconsejó a Interior "una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados que conduzcan al cumplimiento riguroso de la normativa que regula esta materia y a la mejora del control interno de este área de actividad".
También recomendó "una adecuada planificación estratégica de subvenciones que permitiera mejorar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, así como la eficiencia y la economía en la gestión de estos recursos".