El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado, hasta tener más indicios, hacerse cargo de la investigación de una denuncia del empresario francés François Seroux contra el conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, por presuntamente pedirle una comisión a cambio de una inversión en el Puerto de Barcelona.
En un auto recogido por Europa Press, la Sala Civil y Penal del TSJC ha pedido al Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona --que le había remitido la causa por ser aforado debido a su cargo después de inhibirse también la Audiencia Nacional-- que practique más diligencias para esclarecer los hechos.
El tribunal considera que la investigación debe continuar en este juzgado de instrucción y, si halla "indicios de más solidez", deberá volver a remitirlo al TSJC para decidir si corresponde imputar al conseller.
En su denuncia, el empresario francés relató cómo supuestamente se reunió con Puig en el despacho de la propia Conselleria y este le solicitó una prestación a cambio de facilitarle una inversión en unos terrenos del Puerto de Barcelona.
Pero el TSJC, tras la inhibición del juzgado de instrucción en su favor por ser aforado, ha aludido a que hasta ahora únicamente existe una declaración en sede policial de Seroux, con lo que pide a este juzgado que indague si Puig cometió irregularidades.
El tribunal insiste en que, para declararse competente en esta causa, debe haber "suficientes indicios de responsabilidad" contra Puig para poder, si fuera el caso, imputarlo.
DESMENTIDO DEL CONSELLER
Estos hechos han sido desmentidos en varias ocasiones por el conseller Puig, que en su comparecencia en la comisión del fraude del Parlament el 7 de abril explicó que se reunió en una ocasión con este empresario pero que "en ningún momento se le pidió ningún tipo de contraprestación".
Puig explicó que en la reunión estaba presente el entonces director del área de internacionalización de Acció, Juanjo Berbel, y que el empresario en cuestión le trasladó su interés por una operación vinculada al Imax del Port Vell de Barcelona.
Concretó que se hicieron varias gestiones pero que se concluyó que el actual concesionario del Imax le quedaban diez años, y se le redirigió al Ayuntamiento, pero que "en ningún momento se hablo de ninguna situación de compensaciones, ni de comisiones relacionadas, ni de gastos de gestión".