En concreto, la querella se presenta contra Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y los consejeros de Educación, Irene Rigau, y de Interior, Ramón Espadaler, así como la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, y otros otro cuatro integrantes de la Mesa del Parlament.
Los delitos que se les achaca son prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos y un bloque de delitos electorales, más que los cuatro que ha determinado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
La querella, que recoge la primera acción que UPyD presentó el 8 de octubre y sus sucesivas ampliaciones, consta de 59 folios a los que añade otros 900 de documentos probatorios. Se ha presentado en el TSJC porque el Supremo determinó que es el órgano pertinente para estudiar el asunto.
NO SE PUEDE ESPERAR A LA FISCALÍA
Según ha explicado en el Congreso la portavoz de UPyD, Rosa Díez, "la obligación de cualquier demócrata es defender el Estado de Derecho" y perseguir los delitos, y su formación ha entendido que debía presentar esta querella con independencia de que la Fiscalía formalice o no las intenciones expresadas por Torres Dulce. "Sin ley, no hay democracia", ha resumido.
UPyD ha enviado su querella al fiscal "por si le ilustra" pero considera que no debe esperar a que el Ministrio Público concrete sus acciones. De hecho, ha recordado que su formación ya emprendió acciones sobre Bankia o la venta de preferentes sin esperar a la Fuscaklía y ahí se ha mantenido.