Así se recoge en la moción que el partido magenta ha registrado en la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, dirigió el pasado miércoles al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Entonces, Díez explicó que lo que busca su partido es que se reconozca el castellano como "la lengua nacional común" y que se garantice que en aquellas comunidades con dos lenguas oficiales se puedan utilizar ambas, pudiendo elegir la lengua en la que se educa a los hijos o con la que los ciudadanos se comunican con la Administración. "Libertad de opción e igualdad de acceso", resumió.
EL GOBIERNO HABLA DE PROBLEMAS "PUNTUALES"
Ante esto, el titular de Educación le recordó que la Constitución establece el marco para que se utilice el castellano como lengua vehicular en la educación, le subrayó, además, que los ciudadanos tienen derecho a utilizar la lengua que deseen y le dejó claro que las acciones del Gobierno, salvando cuestiones "puntuales" o dificultades de algunos ciudadanos, se han encaminado "siempre" a garantizar esos derechos.
En su iniciativa, UPyD pide que el Congreso reafirme la vigencia del artículo 3 de la Constitución que proclama que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla".
Además, insta al Gobierno a promover todas las medidas legislativas o administrativas que sean precisas para garantizar que todos los españoles, con independencia de donde procedan, tengan garantizado su derecho efectivo a elegir y utilizar "sin ningún tipo de restricción" la lengua oficial que prefieran, tanto para acceder a la educación como para comunicarse con todas las administraciones públicas del Estado, incluidas las comunidades, diputaciones y ayuntamientos.
De entrada, UPyD tiene registrada en el Congreso una proposición de ley en el Congreso con la que pretenden acabar con la "discriminación" que, a su juicio, sufre el castellano en comunidades como Cataluña o Euskadi y aplicar el Código Penal a quienes no respeten este derecho fundamental.
Entre otras medidas, la formación magenta exige en su iniciativa topónimos en dos lenguas, acabar con la utilización de pinganillos en el Senado o y eliminar las multas lingüísticas de la Generalitat de Cataluña.