"No es posible que en un país desarrollado con una democracia avanzada se tarde 16 años en sentenciar sobre una norma administrativa que tiene efectos muy graves sobre los derechos de los ciudadanos", ha señalado en declaraciones en el Congreso.
Para Martínez Gorriarán, se da la que circunstancia de que la ley declarada inconstitucional "está además relacionada con el lavado de cerebro colectivo que ha habido en Cataluña" y que, desde su punto de vista, "en gran parte es el responsable de la situación actual".
A su juicio, la tardanza del TC en dictar sentencia, "llama poderosamente la atención sobre su mal funcionamiento" y pone de relieve la necesidad emprender cuanto antes una reforma de la Carta Magna para "revisar su papel y su funcionamiento".