Un grupo de vecinos de Valdemoro denuncia la ampliación del cementerio por su posible implicación en la trama

EUROPA PRESS 06/11/2014 15:00

Según estos vecinos, el contrato contemplaba la ampliación del cementerio y la creación de un tanatorio y un crematorio en la localidad, aunque la empresa concesionaria, Prisan UTE, una Unión Temporal de Empresas, "no tiene experiencia en el sector".

En un comunicado remitido a los medios, dicha plataforma vecinal recuerda que la licitación se hizo pública el 13 de agosto de 2013, en las que se presentaron dos empresas y "sólo una, Interfunerarias S.L, aportaba experiencia en el sector", a pesar de lo cual la adjudicación fue conseguida por una UTE formada por dos empresas.

Una de las posibles irregularidades detectadas por los vecinos es que el Ayuntamiento autoriza a la empresa a incrementar las tarifas hasta un 50 por ciento sobre las vigentes.

Azucena Villalba, portavoz de este grupo vecinal asegura que desconocen por el momento si hay vinculaciones de estas empresas con la trama investigada en el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, pero que en cualquier caso "era muy extraño que dos empresas sin ninguna experiencia en salud, cuando además la UTE Prisan como tal no tiene licencia de actividades funerarias en la comunidad de Madrid, se llevaran la gestión de todo el servicio".

MANIFESTACIONES CONTRA EL PROYECTO

Dichos vecinos ya se han manifestado en varias ocasiones por las calles de Valdemoro y han llegado a reunir más de 300 personas para protestar en concreto contra el nuevo crematorio que se instalará en la localidad ya que podría incumplir la legislación vigente debido a que se construirá "a menos de 500 metros" de viviendas y muy cerca de dos colegios, un instituto y zonas deportivas.

Hace varias semanas el concejal de Urbanismo, Manuel Salguero, ahora alcalde accidental, señalaba que el proyecto "cumple con todos los requisitos legales y técnicos previstos para este tipo de equipamientos", al tiempo que decía están aún pendientes del informe preceptivo del impacto ambiental que debe emitir la Consejería de Medio Ambiente para construir el equipamiento.